Fuente: Surtidores Latam – Sol Bermo
Ciudad de México (21 de octubre de 2024).- La nueva reforma constitucional asegura el control estatal sobre entidades estratégicas del país.
La semana pasada, tras más de seis horas de intenso debate, el Senado mexicano aprobó, con 86 votos a favor y 39 en contra, un conjunto de reformas que otorgan a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el estatus de empresas públicas, eliminando la obligación de operar bajo criterios de rentabilidad como compañías productivas.
La iniciativa, respaldada por Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), y rechazada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Asimismo, se introdujeron ajustes específicos para evitar que las actividades estratégicas, como el litio y el servicio de Internet, sean consideradas monopolios, consolidando la rectoría del Estado en sectores clave para la seguridad nacional.
En diálogo con Surtidores Latam, Luis Guzmán, especialista en regulaciones, destacó que el objetivo de la reforma es garantizar que los recursos energéticos del país permanezcan bajo control estatal. Según el mismo, “estas medidas buscan evitar el lucro y garantizar el acceso asequible a la energía para todos los mexicanos».
El experto también subrayó que, aunque la limitación de inversión privada puede ser vista como un obstáculo, la reforma abre nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia administrativa. “Este cambio podría marcar el inicio de una nueva era en la gestión de los recursos energéticos del país, enfocada en la seguridad nacional y el bienestar social», comentó.
Por su parte, Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC y especialista en energía, afirmó que, las reformas buscan fortalecer las empresas estatales. «Vamos a tener más inversión privada, pero con la rectoría del Estado como eje principal, consolidando a Pemex y CFE como pilares de la industria», explicó.
Las reformas prometen reforzar la soberanía energética del país, sin embargo su éxito dependerá del delicado equilibrio de la atracción de inversión privada. El reto principal será garantizar que los beneficios sociales y económicos proyectados se materialicen sin desalentar la innovación y el financiamiento externo.
Estas modificaciones marcan un punto de inflexión en la política energética de México, colocando la seguridad energética y el control estatal en el centro de la estrategia nacional. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la implementación de esta nueva visión demandará precisión y coordinación para evitar que se convierta en un obstáculo para el desarrollo del sector.
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