Una profunda crisis en el sindicato de Matamoros: corrupción, desvíos y escándalos que manchan la administración
«Escándalo en Matamoros: Corrupción y desvío de millones en el sindicato municipal»
Todo parece indicar que el último comité sindical del municipio de Matamoros, encabezado por Raquel Iñiguez, estuvo involucrado en prácticas de corrupción junto con la administración municipal que lideraba Mario López Hernández. A lo largo de los tres años en que Iñiguez estuvo al frente del sindicato, se gestó un escenario de total impunidad, en el que se desviaron millones de pesos destinados a los empleados sindicalizados. Estos recursos, de acuerdo con las investigaciones, podrían haber sido malversados para fines personales, regalos, pagos indebidos e incluso para financiar la campaña de Carlos Ballesteros.
El caso ha tenido un giro escalofriante, pues Raquel Iñiguez, quien hasta hace poco fue la dirigente del sindicato, ha sido identificada como la principal responsable de esta trama. Tras más de 20 años de servicio en el municipio, Iñiguez fue separada de sus funciones desde la semana pasada, después de que el sindicato decidiera desconocer sus derechos como miembro adherente. Esto no solo es un golpe para su carrera, sino también para el sistema sindical, que ahora enfrenta un proceso de limpieza a raíz de estos hechos.
Pero la cosa no termina con Iñiguez. La tesorera del sindicato, Iris Elena Palacios, también está involucrada en este escándalo. Tras casi seis meses de estar en proceso para jubilarse, fue expulsada del sindicato, al igual que la dirigente. Ambas mujeres, que ocuparon cargos clave, ahora enfrentan un panorama incierto mientras las investigaciones continúan.
Lo más grave de todo este asunto es que, más allá de los desvíos de dinero que se han identificado, el comité de honor y justicia del sindicato, en su reciente auditoría a la administración anterior, descubrió que el dinero destinado a los empleados fue malgastado en un caprichoso proyecto: la construcción de un «chapoteadero» en un terreno otorgado en comodato por el municipio. Este gasto se realizó sin la aprobación de la asamblea sindical, lo que demuestra una clara falta de transparencia y una violación de los procedimientos internos.
El presidente municipal, Mario López Hernández, autorizó el uso de 849 mil pesos de un bono destinado a los empleados del municipio para financiar este proyecto. Un bono que, cada año desde la administración de Baltazar Hinojosa, se entregaba de manera tradicional a los sindicalizados en reconocimiento a su labor. Sin embargo, en 2023, los trabajadores no recibieron dicho bono, y el dinero fue desviado a la cuenta del sindicato para, finalmente, utilizarlo en la construcción del polémico chapoteadero.
El monto total desviado se estima inicialmente en dos millones de pesos, pero se sospecha que podría llegar hasta los cinco millones, ya que, según informes, la administración saliente dejó más de tres millones en recursos disponibles para el sindicato, entre ellos un millón 700 mil pesos en efectivo y un millón 300 mil en reembolsos.
Este escándalo ha llegado a su punto álgido en la asamblea extraordinaria celebrada a finales de noviembre, donde se decidió expulsar a Iñiguez y Palacios del sindicato. No obstante, el caso aún está lejos de resolverse, pues se habla de que incluso podrían existir implicaciones legales. Iñiguez ya ha presentado demandas contra el sindicato y el municipio, asegurando que se están vulnerando sus derechos. Además, ha trascendido que Alejandro Villafañez, actual regidor y en su momento síndico, podría estar involucrado, ya que fue quien firmó el contrato de comodato para el terreno donde se construyó el «chapoteadero».
La situación es aún incierta, y mientras las investigaciones continúan, el futuro de todo el comité sindical y de las personas involucradas en este entramado de corrupción está en la cuerda floja. Este caso no solo deja al descubierto los posibles actos de corrupción dentro del sindicato y la administración municipal, sino también la falta de control y transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al bienestar de los trabajadores. Sin duda, la justicia deberá hacer su trabajo para esclarecer estos hechos y, en su caso, castigar a los responsables, independientemente de las posiciones o relaciones de poder que hayan tenido.
Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com
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