Fuente: Surtidores Latam – Sol Bermo
Ciudad de México (15 de enero de 2025).- Las políticas del gobierno para el periodo 2025-2030 plantean interrogantes sobre cómo lograr un equilibrio entre sostenibilidad, inclusión y desarrollo económico.
El inicio de 2025 representa un momento decisivo para la regulación energética en México. Mientras el gobierno busca trazar un camino hacia la justicia energética, las medidas implementadas en los últimos meses generan dudas sobre su viabilidad y el impacto real en el sector. Con presupuestos ajustados y un enfoque de austeridad, los organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) enfrentan grandes retos para mantener su funcionalidad y autonomía.
En conversación con Surtidores Latam, Luis Omar Guzmán Juárez, Director Regulatorio de Especialistas en Transición Energética, destacó la importancia de las decisiones que se están tomando en esta etapa inicial. “El presupuesto aprobado a finales del año pasado refleja una clara continuación del plan de austeridad del gobierno. Sin embargo, hay preocupaciones sobre cómo esto podría afectar directamente el progreso y el progreso energético que tanto necesita el país”, afirmó.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha garantizado recursos para la CRE y la CNH durante todo el año, según el calendario de gasto publicado el 9 de enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Mientras tanto, otras instituciones, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), enfrentarán recortes o extinción parcial en el primer semestre del año.
La CRE contará con un presupuesto total de 199 millones de pesos, distribuidos en 12 asignaciones mensuales que varían entre 9 y 31 millones de pesos. Por su parte, la CNH recibirá 173 millones de pesos, con montos mensuales que oscilan entre 5 y 24.5 millones de pesos, lo que garantiza su funcionamiento durante todo 2025.
En el documento oficial que traza la ruta para el periodo 2025-2030, el gobierno ha delineado tres pilares fundamentales que marcarán la trayectoria del sector energético. Entre ellos destacan el compromiso con el desarrollo sustentable liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y las evaluaciones de impacto social lideradas por la Secretaría de Energía (SENER). Guzmán Juárez resaltó la importancia de este enfoque inclusivo: “Esto será un parteaguas para garantizar que las decisiones tengan un impacto social positivo y fomenten la justicia y la soberanía energética”.
Por otro lado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) jugará un rol importante a través del Foro Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que tiene como objetivo integrar sus perspectivas al Plan Nacional de Desarrollo.
No obstante, las políticas de austeridad han reducido los presupuestos destinados a estos organismos, generando interrogantes sobre su capacidad para cumplir con los acuerdos y metas establecidas en los ámbitos ambiental, social y económico. Guzmán Juárez advirtió que algunas de estas medidas podrían no ser sostenibles.
“Estamos ante decisiones que podrían comprometer la evolución competitiva y ambiental del país. Es vital que el gobierno esté abierto a propuestas que mejoren el interés general y no cierren las puertas a soluciones innovadoras”, enfatizó.
Para el experto, la participación activa de todos los actores involucrados es fundamental. Guzmán Juárez hizo un llamado a los sectores interesados a ejercer su derecho a ser escuchados. “Es crucial que el gremio se coordine, dialogue y proponga soluciones conjuntas. Este no es un momento para el conflicto, sino para la colaboración”, destacó.
A pesar de los retos, Guzmán Juárez concluyó con optimismo: “Aunque el camino parezca complicado, hay mucho por hacer y aprender”.
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