Por Martín Díaz
En Ciudad Victoria, la administración del alcalde Eduardo Gattás va de mal en peor. Su afán por ejecutar obras públicas sin la aprobación del Plan de Obra Pública 2025 por el Cabildo no solo revela su desconocimiento del Código Municipal de Tamaulipas, sino también una peligrosa arrogancia. Según el Secretario del Ayuntamiento y (mal) consejero del Alcalde, Hugo Arael Reséndez Silva, no hay problema en avanzar con las obras, ya que el presupuesto ya está autorizado. Sin embargo, lo que convenientemente omite es que el Código Municipal establece con claridad que ningún recurso destinado a infraestructura puede ejercerse sin la aprobación formal de un plan anual de obras.
La ley es clara y precisa: todo proyecto debe ser aprobado por el Cabildo, el órgano colegiado encargado de representar a los ciudadanos. Ignorar este mandato es una flagrante violación que, además de ilegal, evidencia la incapacidad de Gattás para dialogar y alcanzar consensos con los regidores. La falta de acuerdos no es más que el resultado de la cerrazón de un alcalde que insiste en actuar como dueño del Ayuntamiento.
La actitud del alcalde no sorprende. Ha demostrado ser un político muy chiquito, incapaz de negociar y que se resguarda en la interpretación torcida de la ley para justificar su desorden administrativo. Los 110 millones de pesos destinados a obras públicas están en riesgo, mientras Gattás y compañía insisten en gastarlos a capricho, sin planificación ni transparencia. El Plan de Obras, según el secretario del Ayuntamiento, es «solamente un manual». Lo que se les olvida mencionar es que este «manual» es el único mecanismo legal para evitar el uso discrecional de los recursos públicos.
El Cabildo, ante esta cerrazón y el evidente desprecio por la ley, tiene la razón y la obligación de insistir en la inhabilitación de Eduardo Gattás. No se trata de una vendetta política, sino de restaurar la legalidad y la transparencia en la administración de los recursos.
El Congreso de Tamaulipas, por su parte, no puede seguir de brazos cruzados. Es urgente que intervenga y ponga fin a esta administración que ha convertido el Ayuntamiento en una caricatura. Si el Congreso guarda silencio, se convertirá en cómplice de un gobierno que claramente ha antepuesto sus intereses personales a los de la ciudad.
La pregunta es simple: ¿por qué tanto interés en ejecutar obras sin un plan aprobado? Tal parece que Gattás tiene prisa por gastar el dinero sin control y sin rendir cuentas. Un alcalde que actúa como si estuviera por encima de la ley es un peligro para la ciudad y una burla para los ciudadanos. La inhabilitación de Eduardo Gattás no solo es necesaria; es urgente.
Un alcalde muy chiquito no debe seguir gobernando una ciudad tan grande como lo es Victoria, la capital de Tamaulipas.
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