LA FGR CON SU INEFICACIA, NEGLIGENCIA Y LA IMPUNIDAD QUE GENERA, JODE A MÉXICO

• CASO DE ROSARIO ROBLES POR «LA ESTAFA MAESTRA», QUEDARÁ IMPUNE.

AGRIDULCE. Expresiones y más.
Por el Mtro. José A. ORDÓÑEZ González.

Continúa la Fiscalía General de la República exhibiendo su ineficacia, negligencia y complicidades con intereses diversos, algunos de índole personal y político.

Resulta que recientemente un Juez Federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión girada en contra de la exsecretaria Rosario Robles, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, relacionados con el caso de La Estafa Maestra.

Esa orden de aprehensión, la FGR la obtuvo desde 2020, pero que nunca emprendió acciones para ejecutarla, no obstante que era sencillo hacerlo, al estar localizable Rosario Robles, presa en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, en el Estado de México.

El 31 de octubre de 2020 la FGR solicitó a un Juez Federal de Almoloya, Estado de México, que librara la orden de captura en contra de Robles, tras señalarla como líder de una supuesta organización delictiva compuesta por exfuncionarios bajo su mando, una universidad y varias empresas fantasma, a través de las cuales se desviaron cientos de millones de pesos, una acción concertada para saquear las arcas del Estado.

Con todo y que el Juez concedió la orden y dio luz verde a la fiscalía para cumplimentarla y, con ello, detonar el proceso, la FGR no lo hizo, pese a que la ex funcionaria estuvo todo el tiempo ubicada, pues para ese momento ya estaba encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, cumpliendo una prisión preventiva por otra acusación del fuero común.

La defensa de Rosario Robles tramitó un amparo contra la legalidad de la misma y de la acusación de delincuencia organizada, y logró que el Juzgado 14 de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México suspendiera definitivamente la ejecución del mandamiento.

De acuerdo con la opinión de abogados expertos, explican que el hecho de que la orden no fuera notificada oficialmente a la extitular de SEDESOL, impidió que se programara la audiencia inicial, que se analizaran las pruebas y que el proceso penal avanzara y con ello, que hubiera un juicio por este caso.

Sin duda alguna que no existe una justificación para no haber ejecutado dicha orden, tuvieron meses para hacerlo. Lo que puede advertirse aquí es que hubo una negligencia o en su caso arreglo irregular.

El caso debería ser investigado y determinarse si esto forma parte de algún acuerdo que pueda dar lugar a la comisión del delito.

La defensa de Robles, por su parte, sostiene que la FGR ha actuado desde el inicio de forma ilegal en este caso pues intentó promover un proceso separado por delitos graves, que tiene que ver con los mismos hechos por los cuales está siendo procesada desde antes, lo que esta prohibido por la Ley Suprema.

Pareciera que esa orden de aprehensión, fue una medida de presión que tuvieron por meses, para evitar que Rosario Robles quedara en libertad.

Cabe señalar que Robles cumple esta semana tres años en prisión preventiva, medida cautelar que se le impuso por los cargos de omisiones que originalmente se le imputaron. Se trata de un proceso penal que ya se ha alargado más de lo que la ley establece (dos años de prisión preventiva), máxime que los delitos que se le atribuyen no merecen prisión preventiva.

El argumento toral en que se basó la FGR para solicitar la referida orden de aprehensión no cumplimentada, refiere que entre 2013 y 2018, Robles, aprovechando sus cargos como titular de SEDESOL y SEDATU, operó una organización criminal, cuyos miembros de manera permanente y reiterada desplegaron conductas tendientes a cometer delitos en materia de operaciones con productos de procedencia ilícita.

Con ese esquema, Robles logró, a través de la manipulación de la ley y la complicidad de otros funcionarios y particulares, desviar 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos mediante 20 convenios generales y 44 convenios específicos firmados con universidades e instituciones públicas.

La estructura criminal para cometer este fraude millonario estaba compuesta por tres grupos: el primero por servidores públicos de SEDESOL y SEDATU; el segundo grupo, integrado por funcionarios de las universidades y organismos públicos estatales, y el tercero, integrado por socios, accionistas y/o apoderados de las empresas fachada donde terminaban originalmente los recursos.

Esos hechos se conocen como «LA ESTAFA MAESTRA», y consistía en que, aprovechando la excepción que contempla la Ley de Adquisiciones para entregar recursos del presupuesto sin licitar a organismos públicos, las referidas dependencias simulaban necesitar ciertos servicios, firmaban los convenios con las universidades coludidas y cuando estas recibían los recursos los triangulaban ilegalmente a empresas fantasma subcontratadas.

Los implicados en este caso son, del lado de las dependencias federales, Rosario Robles, extitular de SEDESOL y SEDATU; y, Simón Pedro León Mojarro, excoordinador federal de delegaciones. Del lado de la universidad, Alejandro Vera Jiménez, quien fuera el rector; Wistano Luis Orozco, exdirector de empresas y servicios, y Gerardo Ávila García, exsecretario de la rectoría.

Respecto de las empresas involucradas, se giraron órdenes en contra de Esteban Cervantes, accionista de ESGER Servicios y Construcciones; Gianni Obed Hernández Torres, socio de Grupo Industrial y Servicios YAFED, SA de CV, y Luis Antonio Valenciano, presentante de Inmobiliaria Feyray.

Hasta ahora se han cumplimentado cuatro de esas órdenes de arresto, pero solo de los implicados de menor perfil. Uno de ellos es Antonio Valenciano, contra quien la FGR ya presentó la acusación formal finalizada la fase de investigación complementaria y ha pedido al juez que se le condene a 35 años de prisión sin derecho a ningún beneficio.

En estos hechos hay otros ex servidores públicos federales involucrados, entre ellos el ex oficial mayor de la SEDESOL y la SEDATU, Emilio Zebadúa. No obstante, no se ha procedido en contra de ellos pues se les ha dado el trato de testigos colaboradores.

Robles y sus abogados alegan que se ha violado la presunción de inocencia de la exfuncionaria, que ya ha sido confirmada por un tribunal federal y en donde el principal responsable ha sido el fiscal, Alejandro Gertz.

Otro de los argumentos que se deben considerar, es que los hechos que se imputan a la exsecretaria de Estado en esta acusación son exactamente los mismos que en el proceso que ya se le había abierto previamente por presuntas omisiones. Es decir, la firma de los convenios que dieron paso al presunto quebranto de más de 5 mil millones de pesos; ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos y las mismas conductas, que tienen que ver con la llamada «Estafa Maestra». Es la misma investigación y, en todo caso, tendría que formar parte todo del mismo proceso.

Es menester destacar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR ya han investigado el entorno económico de la exfuncionaria sin que se hayan encontrado ingresos, propiedades o riquezas inexplicables.

La prisión preventiva, por ley, no debería durar más de dos años, pero en el caso de Rosario Robles, esta semana ya llegará a tres.

Por ello, la prisión preventiva de Robles será analizada por un juzgado especial que, por instrucciones del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Zaldívar, revisará los casos en los que se presume que ha existido un abuso de la referida medida cautelar.

A mis nueve lectores les digo que, la FGR ha realizado un trabajo deficiente y decepcionante, donde lo que se ha privilegiado es el mero encarcelamiento como sinónimo de supuesta justicia, habiéndose quedado en palabras la promesa del Fiscal Gertz Manero de emprender una gran indagatoria por este caso.

Lo AGRIDULCE deviene al deducir que no solo con este caso de «la Estafa Maestra», sino los grandes casos de corrupción han resultado ser una completa decepción en el ámbito legal, comprobando una vez más que el combate a la corrupción se ha quedado en palabras y no acciones. Se trata de la época más oscura de la procuración de justicia en los últimos 20 años de nuestro país.

Al final, esta lacerante corrupción y la inaplicación de la ley que genera impunidad, es joder a los mexicanos.