Nuevo Laredo, Tamaulipas (19 de marzo de 2024).- En medio de la reciente entrada de unidades de la Secretaría de Marina (SEMAR) a Nuevo Laredo, resurge el temor entre los familiares de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por esta institución en el año 2018.
Según informes, las unidades de la Marina que han ingresado a la zona carecen de números económicos, portando únicamente las siglas de «MARINA». Este hecho contraviene la Recomendación 36VG de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exige que la institución sea plenamente identificable en todas sus operaciones.
En este contexto, los familiares de las víctimas han expresado su profunda inquietud ante la presencia de la Marina en Nuevo Laredo, recordando los trágicos acontecimientos de 2018. «No podemos ignorar lo que sucedió hace años. Tememos que la presencia de la Marina signifique más desapariciones y violencia», declaró un, familiar de una víctima del delito de desaparición forzada.
“No puedo estar tranquila, los Marinos secuestraron y asesinaron a mi hijo, y hasta el momento no se ha hecho justicia, ya que los responsables siguen libre e impunes”, señaló otra madre de familia.
Los familiares de las personas desaparecidas y de las víctimas de ejecución extrajudicial a manos de la Marina, exigen justicia para que se castigue penalmente a los autores de los crímenes, y en los casos donde las victimas no han sido localizadas, se continúe en su búsqueda.
Además, se ha anunciado una reunión en la Ciudad de México para el próximo 10 de abril, donde estarán presentes representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la CNDH, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), junto a familiares de víctimas. Este encuentro buscará abordar las preocupaciones actuales y buscar soluciones para prevenir violaciones a los derechos humanos en la región.
Ante este panorama, la sociedad civil y organismos de derechos humanos instan a las autoridades a garantizar la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas en todas las operaciones de seguridad llevadas a cabo en Nuevo Laredo y en todo el país.
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