Por Martín Díaz
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha puesto en marcha un programa que parece tan simple como revolucionario: Agua Bienestar, un sistema que ofrece garrafones de agua purificada a solo 5 pesos. Con plantas purificadoras instaladas en diversas alcaldías y un presupuesto de 30 millones de pesos para expandir el proyecto, la iniciativa no solo responde a una necesidad básica, sino que lanza un mensaje político poderoso: el agua es un derecho, no un negocio.
En Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria o Tampico, los tamaulipecos pagan en promedio más de 50 pesos por un garrafón de agua. En las comunidades más alejadas, el costo puede duplicarse. Todo esto en un estado donde el calor sofoca gran parte del año y el acceso al agua potable debería ser prioritario.
El anuncio de Brugada no está exento de críticas. Con 30 millones de pesos destinados al proyecto, queda la duda de si las plantas purificadoras alcanzarán para cubrir la demanda de agua en una metrópoli como la CDMX. Sin embargo, el fondo del mensaje no es económico, sino político: el agua, dicen, es un derecho, no un privilegio.
Esa idea, que en la Ciudad de México parece encontrar un camino para materializarse, choca de frente con la realidad tamaulipeca. Aquí, el mercado del agua está controlado por unas cuantas purificadoras que fijan los precios sin oposición visible. Mientras tanto, las autoridades locales miran hacia otro lado, ajenas al debate sobre el abuso de los monopolios.
En Tamaulipas no se ha planteado, al menos públicamente, un programa para garantizar el acceso al agua potable a precios accesibles. Ni plantas purificadoras, ni subsidios, ni un llamado a las empresas embotelladoras para reducir sus tarifas. El silencio es la norma.
El anuncio de Clara Brugada, en contraste, es disruptivo. Más allá de su viabilidad, lanza una pregunta que las autoridades tamaulipecas no han querido responder: ¿por qué el agua, un recurso esencial, se maneja como si fuera un artículo de lujo?
Por ahora, los tamaulipecos seguirán pagando más de 50 pesos por un garrafón. Seguirán esperando respuestas que nunca llegan y soluciones que parecen inalcanzables. Pero cada anuncio como el de Brugada nos recuerda que el agua no es solo un bien de consumo. Es un derecho.
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