- «Mientras los habitantes del norte de Tamaulipas luchan por cada gota de agua, los diputados locales permanecen impasibles ante la explotación desmedida de este recurso por parte de empresas como Agua Blanquita. La falta de regulación y la indiferencia política están agravando una crisis que amenaza el futuro de la región.»
Por Martín Díaz
Hubo un tiempo, no muy lejano, en que el agua en Reynosa se tomaba directamente de la llave. Era limpia, o al menos lo suficientemente buena para no depender de un garrafón. Comprar agua embotellada, era, si acaso, un lujo reservado para quienes podían costear las botellas de vidrio que se acomodaban con cierto orgullo en las cocinas de las casas bien.
El agua, un derecho humano esencial, se ha convertido en el negocio más lucrativo de unos cuantos. Y en Reynosa, Agua Blanquita es la reina del mercado. Por 48 pesos el garrafón, esta empresa monopoliza el acceso al agua purificada, aprovechando la incapacidad —o la indiferencia— de los organismos públicos encargados de dotarnos de agua potable de calidad.
Pero este no es solo un problema empresarial; es un problema político que los legisladores tamaulipecos han dejado crecer como un cáncer. Mientras Blanquita convierte el agua en un producto de lujo, los diputados locales no han movido un dedo para regular los precios de estas empresas. Más grave aún, tampoco han exigido a los organismos operadores del agua potable que cumplan con su tarea: brindar agua limpia y accesible para todos los ciudadanos.
La presa Falcón, que abastece a Reynosa, apenas está al 11% de su capacidad. En una región fronteriza donde el agua es cada vez más escasa, permitir que empresas como Blanquita sigan extrayendo indiscriminadamente el recurso para venderlo a precios abusivos es un acto de irresponsabilidad criminal.
¿Qué están haciendo los diputados? Recientemente presentaron una iniciativa para aumentar su injerencia en los organismos de agua. ¿El objetivo? “Mejorar su funcionamiento”, dicen. Pero en realidad, no hablaron de planes concretos, de inversiones necesarias o de soluciones para garantizar agua potable de calidad. Fue puro discurso vacío, una simulación más que no toca los puntos críticos:
La regulación de precios: Es urgente establecer un marco legal que impida que las purificadoras como Blanquita sigan lucrando con el agua que nos pertenece a todos.
Mejorar los organismos de agua potable: Los tamaulipecos no deberían depender de las empresas purificadoras. Los organismos municipales deben ser obligados a ofrecer agua tratada de calidad, con estándares que permitan el consumo humano directo desde la llave, como ocurría antes.
Priorizar el agua para la población: La extracción de agua del subsuelo por parte de las empresas debe ser regulada con límites claros. No se puede permitir que la industria priorice sus ganancias sobre el acceso al recurso por parte de las familias.
La indiferencia de los diputados frente a esta situación es inaceptable. Ellos tienen la responsabilidad de actuar con decisión para detener el abuso de las empresas y garantizar que el agua no se convierta en un privilegio. La regulación no es opcional, es una obligación moral y política.
Cada día que pasa sin que los legisladores intervengan, el agua en Tamaulipas se agota. Blanquita y otras empresas seguirán llenando sus arcas, mientras nosotros, los tamaulipecos, pagamos por lo que nos pertenece.
Es hora de que los diputados se apliquen y asuman el compromiso de proteger el recurso más vital que tenemos. Tamaulipas no puede esperar más.
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